La inversión ambiental, social y de gobernanza (ASG) ha sido un componente clave del programa de los Servicios de Inversión de la Misericordia desde su creación, como expresión importante de la alineación entre las inversiones y la misión de las Hermanas de la Misericordia. A medida que la inversión ASG ha ido creciendo entre los inversores con conciencia social, ha surgido un movimiento anti-ASG entre algunos políticos y tesoreros estatales.
La nueva legislación prohíbe los contratos y las inversiones estatales con cualquier empresa de inversión que utilice indicadores medioambientales o sociales para fundamentar sus decisiones de inversión. En algunos casos, las entidades gubernamentales no pueden celebrar ningún contrato de bienes o servicios sin una verificación por escrito de que el vendedor no boicoteará los combustibles fósiles. Se ha introducido legislación de esta naturaleza en 37 estados, y va dirigida a los inversores que han asumido compromisos climáticos.
A principios de junio, Servicios de Inversión de la Misericordia unió a otros 77 miembros del Centro Interreligioso para la Responsabilidad Corporativa en una carta en la que se pedía a los miembros del Congreso que se pronunciaran públicamente contra estas campañas anti-ASG y contra los esfuerzos por desbaratar el progreso ambiental y social resultante de los esfuerzos de los accionistas. La carta anima a los miembros del Congreso a abogar por prácticas de inversión prudentes y no partidistas, y a tener en cuenta el perjuicio financiero para los fondos de pensiones estatales y municipales debido a la legislación anti-ASG.
Servicios de Inversión de la Misericordia seguirá defendiendo la importancia de la inversión ASG.